Según Gestión, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República aprobó en segunda instancia un dictamen que otorga al Gobierno de Keiko Fujimori 20 facultades legislativas específicas. Las medidas están enfocadas en gestionar el fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana. La iniciativa recibió 66 votos a favor, 35 en contra y 24 abstenciones. El dictamen fue presentado como un acuerdo consensuado entre Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, y fue respaldado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
Durante la jornada, se evaluaron tres propuestas distintas. La primera, de mayor apoyo, fue rechazada inicialmente por el pleno con 73 votos en contra, solo 49 a favor y cinco abstenciones. Entre los votos negativos se incluyeron 41 diputados del oficialismo y 32 de Juntos por el Perú. A pesar de esta derrota, se reanudó el debate tras pausas para revisar procedimientos y alcanzar acuerdos. Posteriormente, se sometió a votación la propuesta de Fuerza Popular, que contaba con alrededor de 50 medidas y fue presentada por Arturo Alegría, uno de sus principales promotores.
La iniciativa final, la de la coalición consensuada, fue revalidada tras ajustes internos y se convirtió en el único dictamen que avanzó al Senado. El presidente de la Cámara, Óscar Reto, señaló que el texto será enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo. El hecho evidencia una tensión entre el poder ejecutivo y las instituciones legislativas, donde los debates se prolongan por la necesidad de equilibrar intereses partidarios y prioridades nacionales.
Para los ciudadanos peruanos, este proceso resalta la importancia de tener mecanismos de autorización legislativa que no solo se centren en temas de política, sino que también aborden problemas reales como el clima extremo y la seguridad en las ciudades. La aprobación de 20 medidas específicas indica un intento de respuesta rápida a situaciones de emergencia, pero también plantea interrogantes sobre la transparencia y el control de las decisiones que el gobierno puede asumir sin participación legislativa previa. En un contexto de crecientes desafíos ambientales y sociales, esta decisión podría servir como ejemplo de cómo se gestionan decisiones de alto impacto en el marco institucional. El hecho de que el dictamen no sea amplio, sino enfocado, sugiere que el Congreso busca mantener un equilibrio entre eficiencia y control democrático.