Segun Harvard Business Review, las grandes modelos de inteligencia artificial se entrenan con el volumen acumulado de contenido digital generado por la humanidad, recibiendo ese recurso casi de forma gratuita. Este fenómeno ha generado un conflicto económico creciente entre empresas de inteligencia artificial y creadores de contenidos, quienes alegan que sus obras han sido utilizadas sin autorización ni remuneración. Las compañías de IA, por su parte, sostienen que el uso de datos públicos constituye un caso de "uso justo", y que incluso si existiera un mercado para el dato, la compensación a millones de creadores sería técnicamente inalcanzable. Los investigadores argumentan que la tarea de determinar el valor de cada fragmento de información sería tan costosa que absorbería la mayor parte del valor que esos datos generan en el primer momento.
La cuestión no se limita a la ética o al derecho de autor: tiene implicaciones directas en el modelo económico actual de la creación. Cada vez más, las plataformas digitales dependen de contenido generado por personas, desde textos y fotos hasta videos y redes sociales. Si el entrenamiento de IA se basa en este flujo de datos sin pago, se vulnera el equilibrio entre quienes producen y quienes aprovechan. Las empresas de IA, al no pagar, no solo evitan una redistribución de valor, sino que también amenazan con desincentivar la producción de contenidos originales. Esto podría generar un efecto de cascada, donde menos personas se sientan motivadas a crear, y los algoritmos se vuelvan cada vez más dependientes de datos de baja calidad o de fuentes no autorizadas.
Para el lector peruano, este escenario es especialmente relevante. El país cuenta con una rica tradición de creación cultural, desde la literatura indígena hasta el arte visual y los medios digitales. Muchos de estos contenidos se generan en entornos informales o por iniciativas individuales, sin protección clara de derechos de autor o mecanismos de compensación. Si las tecnologías de inteligencia artificial siguen operando sin reconocer el valor de este trabajo, el riesgo es que se perpetúe una brecha entre quienes producen y quienes deciden los términos del uso. En un entorno donde el acceso a internet y las herramientas digitales crece, es fundamental que se establezcan reglas que protejan a los creadores, no solo como sujetos de derecho, sino como pilares del desarrollo cultural y económico nacional.
El debate actual no es simplemente técnico: es una cuestión de justicia distributiva. Si el valor de los datos humanos es reconocido y valorado, se puede diseñar un sistema que permita que los creadores sean parte del proceso de innovación, no solo sus víctimas. En Perú, donde la diversidad cultural es una fuente de riqueza, este tipo de consideración puede servir como base para políticas que protejan el esfuerzo de los ciudadanos en el espacio digital.