Según Gestión, el Decreto Supremo N.º 006-2026-VIVIENDA actualiza el reglamento de la Ley N° 28687, alineando las condiciones para la formalización de terrenos ocupados de forma informal. Esta norma establece que las posesiones informales, reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2021, pueden ser legalizadas mediante acciones de saneamiento, reurbanización o mejoras en vivienda. El límite de tiempo para la formalización fue ampliado desde el 2015 al 2021, tras modificaciones legislativas aprobadas en marzo de 2025. Aunque la fecha inicial de referencia era el 2004, el ajuste más reciente amplía el alcance para más familias que viven en predios no registrados.
El nuevo marco regula también el acceso a servicios básicos, ya que el certificado de posesión —esencial para la obtención de servicios públicos— ahora se simplifica. Se eliminan requisitos como la presentación de copia de DNI, y se reducen los documentos necesarios a un formulario básico, un plano del terreno y una acta de verificación de la ocupación. Este cambio busca acelerar los procesos y disminuir barreras administrativas que antes obstaculizaban el avance de familias en zonas rurales y periféricas. Las acciones de mejora de vivienda están permitidas tanto en terrenos ocupados como en áreas libres, incluyendo predios de propiedad estatal, privada o comunidades campesinas costeras.
El Banco de la Nación, como institución clave en el financiamiento de vivienda, puede otorgar créditos hasta un monto máximo de S/ 150,000 por vivienda. Este límite se establece en el contexto del decreto, con el objetivo de permitir inversiones en infraestructura, mejoras estructurales y acceso a servicios básicos. Aunque el crédito no está sujeto a cambios en el monto, su disponibilidad depende de la verificación de la formalidad del terreno y de la presentación de los documentos simplificados. No obstante, el proceso no elimina la necesidad de cumplir con criterios de solvencia y uso del crédito, especialmente en casos de vivienda de interés social.
Para los peruanos que viven en zonas informales, este cambio representa una oportunidad real. Muchas familias en zonas rurales o periféricas han vivido años sin acceso legal a servicios como agua, electricidad o vivienda estructurada. Ahora, con una normativa más clara y sencilla, pueden avanzar en la formalización de sus predios y acceder a créditos que les permiten mejorar sus condiciones de vida. Aunque el monto máximo no supera los 150 mil soles, el impacto puede ser significativo si se combina con políticas públicas que faciliten el acceso a créditos y asesorías técnicas. El paso legal es fundamental, pero el éxito en la implementación dependerá de la coordinación entre instituciones, comunidades y el sector financiero.