Según Bloomberg Línea, las proyecciones fiscales de Colombia revelan un escenario más desfavorable de lo anticipado por el mercado. El nuevo presupuesto presenta una expansión significativa de las deudas públicas, con el déficit del gobierno central que se elevará a 7,2% del PIB en 2026 y alcanzará un máximo de 9,4% en 2027. Esta evolución supera los cálculos iniciales y refleja una realidad más compleja que lo que los inversores habían asumido previamente. Las instituciones financieras, incluyendo Goldman Sachs, coinciden en que el aumento del déficit se debe en parte a una reevaluación de obligaciones heredadas, no a un incremento de gastos no justificados.
La deuda del sector público se amplía de 59,7% del PIB en 2026 a 66,2% en 2027, según estimaciones del banco norteamericano. Para cubrir estas necesidades, el gobierno deberá aportar COP$266 billones (equivalente a US$83.000 millones). Este esfuerzo financiero se ve agravado por gastos que no estaban completamente contabilizados, como los vinculados al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), que suman COP$9,6 billones (US$3.000 millones). Además, se incluyen subsidios en servicios de gas y electricidad, así como compromisos no suficientemente cubiertos en el sistema de salud y pensiones.
Otra componente crítica es el impacto de las obras de reconstrucción tras el terremoto, que generan nuevas cargas presupuestarias. JPMorgan destaca que cerca de COP$23 billones (US$7.200 millones) representan deudas heredadas que aún no han sido plenamente contabilizadas. Estas cifras indican que el punto de partida para cualquier ajuste fiscal es más frágil de lo que se pensaba. Para Santiago Téllez, economista de Goldman Sachs, el escenario actual implica que el proceso de consolidación probablemente comience en 2028, aunque podría iniciarse en 2027.
Para los inversores peruanos, esta situación ofrece una lección sobre la importancia de la transparencia fiscal y la capacidad de un gobierno para gestionar sus compromisos. Aunque Colombia no es un país vecino directo, su experiencia ilumina cómo los errores de contabilidad o la acumulación de deuda pueden desencadenar una pérdida de confianza en el sistema financiero. En un contexto donde el Perú también enfrenta desafíos en la sostenibilidad de su deuda pública, este caso sirve como advertencia sobre la necesidad de evaluar con rigor los presupuestos y de implementar mecanismos de control que prevengan el deterioro fiscal. La historia de Colombia subraya que incluso los ajustes bien diseñados pueden verse comprometidos si no se reconocen los activos y pasivos reales del Estado.
El mensaje es claro: la estabilidad fiscal no depende solo de políticas económicas, sino de la honestidad en la presentación de los datos. Para cualquier país, especialmente en América Latina, donde los ciclos de crisis son recurrentes, esta advertencia adquiere una relevancia directa.