Según Gestión, el avance de China en tecnologías de baterías de carga rápida para automóviles eléctricos ha registrado un crecimiento notable: entre enero y septiembre de 2026, se registraron 13,285 unidades comercializadas, un incremento del 83.1%, consolidándose con una participación del 6.1% en el mercado total. En este escenario, los híbridos enchufables (PHEV) representan el 12% del volumen, mientras que los vehículos eléctricos puros ocupan el 6%. A nivel nacional, el parque total de vehículos enchufables supera las 4,000 unidades, de las cuales el 50% son PHEV. A pesar del dinamismo en la oferta de vehículos, la infraestructura de carga se encuentra profundamente desequilibrada. Se estima que se requieren cuatro o cinco veces más puntos de carga para satisfacer la demanda actual.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive Perú) ha analizado el panorama actual. Su presidente, Adolfo Rojas, señala que aunque el número de cargadores ha aumentado, dicha expansión se limita al ámbito residencial. En condominios nuevos, se instalan uno o dos cargadores por unidad, lo que impulsa el crecimiento desde el lado del usuario final. En contraste, en espacios semipúblicos y públicos, la cifra de puntos de carga se mantiene estable: desde hace seis meses, el total de ubicaciones ha permanecido en 65. Este estancamiento no se debe a cuestiones técnicas, sino a una ecuación financiera insostenible. Un sistema de carga rápido de 60 kW requiere una inversión inicial de US$18,000 en equipo y US$15,000 en instalaciones, sumando más de US$30,000 por punto. En un contexto donde el número total de vehículos eléctricos puros es de 2,517 y los PHEV suman menos de 5,000 unidades, la demanda de carga no justifica el costo de implementación. “Nadie invertirá US$30,000 en un punto que no será utilizado”, afirmó Rojas.
Para el lector peruano, esta situación resalta una brecha crítica entre la disponibilidad de vehículos eléctricos y la infraestructura necesaria para su uso cotidiano. Aunque el mercado se expande, la falta de puntos de carga en zonas públicas o comerciales dificulta que los usuarios adopten esta tecnología. Los consumidores que viven en áreas urbanas o cercanas a centros de trabajo enfrentan una limitación práctica: no pueden cargar sus vehículos en paradas, centros de trabajo o plazas. Esto no solo afecta la sostenibilidad del uso de vehículos eléctricos, sino que también genera una percepción negativa sobre la viabilidad del modelo. Para que el avance de la movilidad eléctrica sea real, se requiere un esfuerzo coordinado entre gobiernos, empresas y sectores privados para establecer políticas que reduzcan los costos de instalación y promuevan la distribución equitativa de la red de carga. Sin una estrategia clara, el crecimiento de vehículos eléctricos en el país seguirá siendo limitado por la infraestructura, no por la disponibilidad de productos.