Segun Gestión, la vulnerabilidad estructural en el Perú ha registrado una reducción significativa en los últimos meses, aunque persisten profundas desigualdades entre regiones. Este indicador, que mide el riesgo de exposición de las comunidades a condiciones de pobreza y desestabilización, muestra una disminución en comparación con los periodos anteriores, según el análisis del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Sin embargo, los datos revelan que las brechas regionales no han sido cerradas, lo que sugiere que las políticas públicas aún enfrentan desafíos para alcanzar una distribución equitativa de recursos.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) ha reorganizado su liderazgo, con la designación de Aldo José Chaparro Luy como nuevo director ejecutivo. Esta decisión, oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 326-2026-PCM, fue publicada en septiembre de 2026. Chaparro Luy asume el cargo en sustitución de Luis Enrique de la Flor Sáenz, quien ha dejado el puesto tras una trayectoria de más de dos décadas en instituciones clave del sector público. Su experiencia previa incluye posiciones de alto nivel en Agromercado, PROMPERÚ y como consultor en entidades internacionales como Helvetas y GIZ. Además, ha desempeñado funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que le otorga una visión amplia de los desafíos macroeconómicos y de implementación de políticas.
Ceplan, como entidad técnica especializada, desempeña un papel fundamental en la coordinación y ejecución del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Su función no se limita a la elaboración de planes, sino que abarca la supervisión de lineamientos que guían la toma de decisiones en áreas clave como desarrollo regional, infraestructura y políticas sociales. La resolución que establece el nuevo directorio fue firmada por Luis Galarreta, jefe del Gabinete de Ministros, lo que refleja la importancia que se le otorga al rol institucional de Ceplan en el diseño de estrategias nacionales.
Para los peruanos, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos, esta situación plantea un escenario crítico. Aunque el indicador de vulnerabilidad ha mejorado, las desigualdades territoriales indican que los beneficios de la política pública no llegan de forma uniforme. Las comunidades más afectadas continúan sin acceso a servicios básicos o a infraestructura que permita el desarrollo sostenible. Por ello, el nuevo director ejecutivo debe priorizar mecanismos que garanticen la equidad en la distribución de recursos, fomentando modelos de planeamiento que no solo midan el crecimiento económico, sino también su impacto en las vidas reales de las personas. El éxito del planeamiento nacional dependerá en gran medida de su capacidad para traducir cifras en resultados tangibles para todos los sectores del país.