Segun Gestión Tu Dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementó un reglamento que obliga a los casinos a comunicar en menos de 24 horas cualquier operación que sea considerada sospechosa, vinculada al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo. Este mecanismo busca acelerar la obtención de información sobre la titularidad de cuentas bancarias, permitiendo a las autoridades identificar rápidamente si una persona o entidad posee activos en instituciones financieras como bancos, cajas, financieras, el Banco de la Nación o cooperativas bajo supervisión.
El enfoque principal del nuevo procedimiento es disminuir los plazos de respuesta en investigaciones, reduciendo así el tiempo que antes requería cada solicitud individual a cada entidad financiera. Antes, los fiscales debían contactar múltiples instituciones de forma separada, o activar procesos formales de levantamiento del secreto bancario para obtener datos detallados. Hoy, mediante una consulta centralizada, las autoridades pueden verificar si existen cuentas vinculadas a una persona o empresa, sin necesidad de realizar pedidos dispersos. Este cambio no solo acelera el proceso, sino que también optimiza la carga operativa que generaban las solicitudes tradicionales.
El sistema solo podrá ser aplicado en contextos de investigación oficial, como el caso de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Para acceder al mecanismo, se exige presentar documentación que respalde el carácter legal del proceso, como una denuncia formal o un procedimiento judicial vigente. Es claro que esta herramienta no puede ser utilizada para fines comerciales, publicitarios, evaluación de crédito o cualquier actividad fuera del ámbito investigativo. La especialista Karina Chinguel de Vodanovic subrayó que esta medida podría fortalecer la prevención de delitos financieros, al permitir una detección más temprana y eficiente de patrones de conducta sospechosos.
Para los peruanos, este cambio representa un avance en la transparencia del sistema financiero, especialmente en un contexto donde los delitos de lavado de activos han aumentado en sectores como el juego y las transacciones privadas. Aunque el acceso a datos bancarios ha sido históricamente limitado, la nueva norma permite que las autoridades actúen con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. En un país donde las personas dependen de sistemas financieros personales y familiares, la vigilancia institucional debe estar acompañada de mecanismos que protejan los derechos individuales. El nuevo marco debe ser evaluado no solo por su eficacia técnica, sino por su impacto en la confianza que los ciudadanos sienten en sus instituciones.