Según Gestión, un proyecto de Decreto Supremo busca reforzar el marco normativo de la Ley General de Turismo (N° 32392), integrando oficialmente a los casinos y máquinas tragamonedas dentro del sistema formal de turismo gestionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esta actualización no permite la apertura libre de nuevos establecimientos, sino que consolida el reconocimiento institucional de estos servicios como parte del ecosistema turístico regulado. El cambio principal radica en la explicitación formal de su inclusión en el registro de prestadores turísticos, lo que implica una vinculación directa con las estrategias de promoción y desarrollo del sector turístico nacional.
La norma prevé que los operadores de casinos deben reportar operaciones sospechosas de lavado de activos en plazo de 24 horas, una exigencia que refuerza el control financiero y reduce la posibilidad de operaciones ilegales. Aunque los establecimientos ya estaban cubiertos por la Ley General de Turismo, especialmente en contextos hoteles de alta categoría, la nueva propuesta establece una estructura más clara y sistemática para su supervisión. Este enfoque busca garantizar que las actividades de juego estén alineadas con los objetivos de crecimiento sostenible del turismo, además de facilitar la coordinación entre instituciones como el Mincetur y la Sunat.
El sistema de control en tiempo real (SUCTR) ya permite al Estado monitorear en línea las operaciones económicas y tributarias del sector. Esta herramienta, aplicada actualmente, asegura una transparencia efectiva y permite intervenciones oportunas ante irregularidades. La incorporación formal de los casinos en el registro turístico significa que su actividad será evaluada no solo por aspectos económicos, sino también por su impacto en la política turística nacional. Esto incluye el análisis de su capacidad para atraer visitantes, su relación con el desarrollo regional y su contribución al empleo.
Para el lector peruano, esta evolución representa un equilibrio entre el fortalecimiento del ordenamiento institucional y la protección de los intereses públicos. Mientras que el turismo es un pilar clave de la economía nacional, el crecimiento del sector de juegos requiere un marco regulador más riguroso para prevenir riesgos financieros y sociales. El hecho de que los casinos ya operen formalmente bajo sistemas de control tecnológico indica que el Estado tiene la capacidad de gestionarlos con eficiencia. Sin embargo, la nueva regulación profundiza el control, lo que puede generar mayor sensibilidad en comunidades que perciben el juego como una actividad con impacto social. Por ello, el debate sobre la sostenibilidad de estas políticas debe considerar no solo los beneficios económicos, sino también las implicaciones en la equidad y el bienestar social.