Según Gestión, la Ley 32732 oficializa un crédito suplementario de 4.160 millones de soles para el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Este monto permite la entrega de gratificaciones por las Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores del sistema. El monto mínimo establecido para ambas gratificaciones —la de fiesta y la de CTS— será de 300 soles, garantizando un nivel mínimo de remuneración. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será responsable de definir, mediante un decreto supremo, los criterios de cálculo, las condiciones de entrega y las reglas aplicables, todo bajo el control de la disponibilidad presupuestaria y las normas fiscales vigentes.
El cálculo de la CTS considerará el tiempo total de servicios acumulado desde la fecha de inicio del contrato vigente. Este aspecto busca asegurar que los trabajadores reciban una compensación proporcional a su antigüedad, independientemente del tiempo que hayan trabajado en el período. En caso de que el contrato se concluya antes de completar un año, el trabajador tendrá derecho a una compensación vacacional, calculada mediante fracciones de 30 días, según haya prestado servicios de forma continua durante al menos un mes.
El límite de edad para la terminación del contrato se fija en 70 años. Aunque este umbral se alcanza, el trabajador podrá continuar en sus funciones hasta el 31 de diciembre del mismo año, momento en que se producirá el cese formal. Este detalle ofrece una transición gradual, evitando la abrupta salida de personal en edad avanzada. Además, las prórrogas o renovaciones de contratos CAS transitorios podrán extenderse por un máximo de cinco años, contados desde la publicación de la Ley 32563, lo cual amplía la estabilidad laboral en periodos de transición.
Para el sector público peruano, esta normativa representa un avance significativo en la protección de derechos laborales. Los trabajadores del CAS, muchos de los cuales operan en instituciones clave como hospitales, escuelas o entidades estatales, ahora tienen garantizados pagos por fiestas y una base mínima de compensación. Aunque el financiamiento depende en parte de presupuestos públicos, el hecho de que el costo se asigne a los presupuestos locales o regionales permite una distribución más equilibrada del impacto fiscal. En un contexto donde las condiciones laborales en el sector público siguen siendo objeto de debate, esta ley refuerza el compromiso con la estabilidad y el reconocimiento de los empleados.
Este enfoque no solo fortalece la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuye a la cohesión institucional, al garantizar que las personas que dedican sus años a servicios públicos no sean excluidas por políticas rígidas o inadecuadas.