Según Gestión, el marco legal que permite el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) ha sido definido por el Decreto Legislativo 1057. Este cambio, fortalecido por la Ley 31131 de 2021, traslada el régimen de contratación de duración fija a uno permanente, modificando sustancialmente la estructura del empleo público. La más reciente evolución, aprobada por el Congreso, otorga a estos trabajadores el derecho a gratificaciones y CTS conforme a estándares del sector privado, sin requerir procesos de evaluación meritocrática. Este enfoque busca homogenizar condiciones laborales, pero también plantea desafíos en el equilibrio entre flexibilidad y estabilidad.
Hasta 2025, el número de trabajadores bajo CAS alcanzó 376.479 en todo el país, según datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Este crecimiento se mantiene en una tendencia ascendente durante tres años consecutivos. En 2021, el total se situó en 406.065, un aumento atribuible a la expansión del personal para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. En una evaluación de diez años, el incremento del personal CAS respecto al 2013 fue superior al 75%, mientras que desde su creación en 2009 hasta 2025, el crecimiento alcanzó un 140%. Esta evolución ha transformado significativamente la composición del empleo público. En 2016, el régimen CAS representaba el 22% de todos los empleos estatales, con el grupo de carreras especiales (como salud, educación y justicia) en el 44%. En ese año, el régimen 276, que antes ocupaba un 21%, se acercó en relevancia al CAS. En 2025, la participación del CAS subió ligeramente a un 23,7%, mientras que el régimen 276 cayó a un 18,1% del total.
Para los peruanos, este escenario implica una reconfiguración profunda del sistema público. Si bien el crecimiento del personal CAS refleja una mayor adaptabilidad al contexto actual, también evidencia una dilución del modelo tradicional de empleo estatal, donde las carreras especiales y los regímenes estables eran los pilares principales. Ahora, el CAS, aunque no posee el mismo nivel de protección laboral, representa una parte creciente de los empleos públicos. Esto puede generar tensiones en la percepción de estabilidad y derechos laborales, especialmente en sectores clave como salud y educación. El hecho de que los trabajadores CAS accedan a beneficios privados sin evaluación de mérito sugiere un enfoque más accesible, pero también plantea la necesidad de garantizar que no se vulneren sus derechos fundamentales. El lector peruano debe estar atento a cómo estas transformaciones afectan la calidad del servicio público y la seguridad laboral en su entorno diario.