Según Gestión, un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República propone homologar las remuneraciones de los trabajadores del Estado bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La medida busca nivelar los salarios de estos empleados con los de servidores públicos que ocupan cargos equivalentes en cada entidad gubernamental, especialmente dentro de los regímenes establecidos por los decretos legislativos 276, 728 y 1057, el cual coincide con el CAS. La iniciativa se centra en trabajadores con contrato indeterminado y que reciben un salario máximo mensual de 4.000 soles, un segmento que representa a los empleados de ingresos más bajos dentro del sistema. El ajuste salarial se implementará de forma progresiva, en un periodo máximo de cinco años, conforme establece el proyecto de ley N° 8308, aprobado en sesión del 28 de abril.
El dictamen detalla que los beneficiarios serían 198.123 trabajadores CAS, distribuidos en categorías como funcionarios (255), profesionales (39.372), personal de salud (40.114), técnicos (82.826) y auxiliares (35.556). A nivel general, según datos de Servir, al final de 2024 existían 373.233 trabajadores CAS en el país. Esto implica que la medida beneficiaría al 53% de todos los empleados del régimen. El análisis de motivos del dictamen destaca que en muchos casos, trabajadores con funciones similares reciben salarios distintos, generando desigualdades salariales dentro del mismo sistema. La propuesta busca corregir esa disparidad mediante una homologación que promueva mayor equidad.
Para el lector peruano, esta iniciativa representa una oportunidad clave para reducir brechas salariales en el sector público, donde la desigualdad en remuneraciones ha sido históricamente un problema estructural. Muchos trabajadores CAS, especialmente en entidades regionales, enfrentan condiciones laborales que no reflejan el valor de sus funciones. Al establecer una base salarial más uniforme, se fortalece no solo la justicia social, sino también la estabilidad laboral. Si se aprueba, podría generar una mayor sensación de protección frente al despido, ya que los empleados con ingresos más bajos podrían tener mayor capacidad para mantenerse en sus puestos. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha expresado reservas por considerar que la medida afecta el equilibrio presupuestario, el impacto en el bienestar de miles de trabajadores en el país puede superar esos límites técnicos. El resultado final dependerá de la votación en el pleno del Congreso, pero el enfoque en equidad salarial abre una ventana importante para una reforma más inclusiva en el sistema público.