Según Gestión, el Ministerio de Energía y Minas anunció en agosto una reforma en la distribución del canon minero con el objetivo de que parte de sus ingresos llegue directamente a las comunidades cercanas a los proyectos extractivos. Este enfoque se alinea con una propuesta previa del plan de gobierno de Fuerza Popular, que prevé redistribuir hasta el 40% del canon minero a las poblaciones locales, bajo control comunitario. Con los datos revisados al 5 de agosto, el total de transferencias por canon minero alcanzó S/ 9,564.1 millones, cifra que supera al total registrado en todo el 2025 (S/ 6,992.6 millones) y los años anteriores. El impulso de precios de metales ha sido clave para alcanzar este nivel de recaudación.
La ejecución de estos recursos en obras públicas se analiza a través de las 24 municipalidades que reciben más de S/ 100 millones desde el rubro 18, compuesto por canon y sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Este grupo fue seleccionado por su alto nivel de vinculación con la actividad minera, aunque no representa toda la red de municipios del país. De estas 24 entidades, solo nueve han ejecutado al menos la mitad de sus asignaciones para proyectos locales. Entre ellas se encuentran Ilabaya (Tacna), Coronel Gregorio Albarracín, Lanchipa (Tacna), Yarabamba (Arequipa), Megantoni (Cusco), Nuevo Chimbote (Áncash), Pichari (Cusco), Espinar (Cusco) y Marcona (Ica). En contraparte, quince municipios aún no han avanzado en la ejecución de sus planes, con niveles inferiores al 50% de cumplimiento.
La brecha entre los niveles de ejecución revela una desigualdad en la utilización de los recursos generados por la minería. Aunque el canon minero ha crecido significativamente, su destino en el terreno sigue siendo incierto para muchas localidades. Este escenario plantea preguntas sobre la transparencia en el manejo de fondos y la efectividad de los mecanismos de control comunitario. En el contexto peruano, donde las zonas rurales y periféricas enfrentan escasas inversiones en infraestructura, el desempeño de estas municipalidades puede marcar una diferencia clave en el acceso a servicios básicos como agua, transporte y energías limpias.
El hecho de que apenas un cuarto de los municipios más beneficiados hayan avanzado en sus obras indica que el potencial de redistribución del canon aún no se ha traducido en resultados tangibles. Para que estos recursos generen impacto real, se requiere una mayor disciplina en el uso de los fondos, así como mecanismos que garanticen que los proyectos no solo sean anunciados, sino también construidos y sostenidos por las comunidades afectadas. En un país donde las desigualdades regionales siguen siendo una de las mayores brechas, el manejo del canon minero debe convertirse en un instrumento de equidad, no solo de recaudación.