Segun Gestión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados validó por mayoría, con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la transferencia de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori. Esta decisión se centra en dos grandes temas: el combate a la inseguridad ciudadana y la gestión del Fenómeno El Niño (FEN). El texto aprobado agrupa 18 puntos, seis de los cuales están vinculados al fortalecimiento de las medidas contra la delincuencia, mientras que doce se enfocan en el control y prevención del FEN. La iniciativa, que surge como un extracto de las 66 facultades originales solicitadas por el Ejecutivo, fue conformada por representantes de cuatro bancadas: Renovación Popular, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación.
El documento fue presentado por Heber López, diputado de Obras y secretario del grupo parlamentario, quien precisó que el texto final es una versión condensada de las propuestas originales. La propuesta pasará ahora al Pleno de la Cámara, convocado para el martes 6 de octubre. Solo si es aprobada allí, será enviada al Senado para su consideración. En su momento, Fuerza Popular y Juntos Por el Perú expresaron respuestas mixtas. Arturo Alegría, de Fuerza Popular, destacó que, aunque hay elementos relevantes, el diseño carece de mecanismos inmediatos para actuar ante la llegada del FEN, lo que limita su eficacia frente a los desafíos reales del Estado. Por su parte, Juntos Por el Perú pidió al Senado que verifique si aceptará la decisión de la Cámara, señalando que el Ejecutivo debe tener autonomía para responder a crisis sin depender de autorizaciones legislativas.
Para el lector peruano, esta decisión representa un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el poder legislativo. En un contexto donde las crisis ambientales y sociales crecen, el acceso a facultades legislativas puede permitir una respuesta más ágil. Sin embargo, la falta de mecanismos concretos para aplicar estas facultades en el terreno real —especialmente en zonas vulnerables— pone en duda si el avance legislativo se traduce en acción efectiva. El Estado peruano enfrenta hoy múltiples presiones: inseguridad, sequías, crisis agrícolas y desigualdades regionales. Si las facultades no se acompañan de planes operativos y de seguimiento, el resultado podría ser una legislación teórica que no resuelve las necesidades reales de las comunidades. El éxito de esta iniciativa dependerá, en última instancia, de su capacidad para transformarse en políticas concretas, no solo en el papel legislativo.