Según Forbes Business, el cierre del paso del Hormuz ha provocado un aumento drástico en los precios del gas licuado, elevándolos desde los $10 a $12 por MMBtu hasta los $20.80 actuales, lo que representa una duplicación efectiva de los costos. Este escenario ha desmantelado la ilusión de seguridad energética en el sudeste asiático, un región que antes consideraba al gas licuado como una fuente de transición sostenible. Hoy, la dependencia de una cadena de suministro que atraviesa solo un estrecho de 21 millas —el canal del Hormuz— deja a los países de la región sin margen de maniobra. Cualquier interrupción en el flujo de gas o en el pago de precios puede derivar en el apagón de servicios esenciales.
En respuesta, los gobiernos están acelerando la adquisición de energías verdes, no por un interés ambiental reciente, sino por la inexistencia de riesgos logísticos. A diferencia de los sistemas de energía fósil, que requieren embarcaciones y rutas vulnerables, las paneles solares operan sin necesidad de protección naval. Este cambio no es solo técnico, sino estratégico. La Bank de Desarrollo de Asia ha reducido su proyección de crecimiento regional de 5,1% a 4,7%, un indicador claro del impacto económico. En el escenario actual, la transición hacia fuentes renovables ya no es una meta ambiental, sino una estrategia de seguridad geopolítica. Como señaló Brenda Valerio, directora nacional de Nuevo Energía Nexus en Filipinas, durante el 48º Foro del ASEAN en Cebú, el modelo actual de energía fósil es altamente dependiente de importaciones, cadenas de suministro largas y exposición a perturbaciones globales. Las energías renovables, en cambio, permiten a los países tomar decisiones estratégicas, no solo de consumo, sino de control.
Este proceso de reestructuración energética en el sudeste asiático refleja una tendencia que también se observa en Centroamérica. Allí, naciones que antes dependían de tuberías controladas por Rusia están construyendo infraestructura alternativa, como el Corredor del Medio, que evita territorios estratégicamente sensibles. Este movimiento transforma a los países de “receptores de precios” en “actores políticos” de sus propios sistemas energéticos. Para el lector peruano, este panorama es un recordatorio clave: las economías que dependen de importaciones de energía, especialmente de fuentes fósiles, enfrentan riesgos estructurales. El acceso a recursos energéticos no es solo un asunto técnico, sino una cuestión de soberanía. En un entorno donde las decisiones de un país pueden ser tomadas por bloqueos navales o tensiones geopolíticas, la inversión en infraestructura nacional —como redes eléctricas autónomas o fuentes de energía distribuidas— no es una opción futura, sino una necesidad estratégica para garantizar estabilidad y crecimiento sostenido.