Segun Gestión Tu Dinero, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ha señalado que desde 2005 se ha registrado un crecimiento acelerado en la cantidad de trámites requeridos para llevar a cabo proyectos en sectores extractivos. Este fenómeno, conocido en el ámbito empresarial como “permisología”, impacta directamente a empresas que deben interactuar con múltiples entidades públicas y organismos técnicos. Durante el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Velarde destacó que el sistema actual requiere una revisión profunda para lograr mayor eficiencia. Su propuesta gira en torno a una regulación que combine simplicidad con efectividad, evitando sobrecargas burocráticas innecesarias.
El líder monetario enfatizó que la previsibilidad en el sistema tributario y judicial es clave para fomentar la inversión. En ese sentido, citó el ejemplo de Italia, donde el ex primer ministro Mario Draghi impulsó reformas para que los jueces tomaran decisiones más predecibles. Si un contrato se firma bajo condiciones claras, debe ser respetado sin intervención arbitraria. De lo contrario, el sistema judicial debe aplicar las normas que corresponden. Esta línea de pensamiento indica que la confianza en el cumplimiento de acuerdos es un pilar fundamental para el desarrollo económico sostenible.
En el contexto actual, el plan de Juntos por el Perú (JP) sugiere eliminar el aval a los contratos ley en la nueva Constitución, junto con ciertos regímenes tributarios y laborales. Aunque aún no se han definido detalles operativos, esta iniciativa podría acelerar el proceso de normalización de las relaciones entre el Estado y las empresas. La reducción de trámites y la estabilidad en el marco normativo pueden facilitar la operación de proyectos en minería, energía y otros sectores clave.
Para los peruanos, especialmente en zonas rurales y regiones con potencial extractivo, este enfoque representa una oportunidad clave. Una regulación más clara y predecible disminuye los riesgos asociados a la inversión, permitiendo que más empresas, incluyendo pequeñas y medianas, puedan operar con menor incertidumbre. El cumplimiento de contratos, además, fortalece el entorno de negocios, lo que a largo plazo impulsa empleos, desarrollo regional y mayor inclusión económica. En un país donde la burocracia sigue siendo un obstáculo frecuente, estas propuestas podrían marcar un cambio significativo en la forma en que se gestionan las relaciones entre el Estado y los sectores productivos.