Segun CNBC Markets, el número de personas inscritas en planes de salud a través del mercado de seguros del Acción de Cuidado de Salud (ACA) disminuyó en 3 millones de personas, lo que representa una caída de aproximadamente 13%, pasando de 22.1 millones a 19.2 millones entre finales de 2025 y febrero de 2026. Esta reducción marca el primer descenso en la participación del programa desde la primera administración de Trump y es la mayor caída registrada desde que los mercados del ACA comenzaron a operar en 2014. Los datos, publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), incluyen información sobre si los contratantes pudieron realizar sus pagos mensuales, lo que refleja una realidad más precisa del acceso a la cobertura.
La caída se vincula directamente con el final de las subvenciones federales que reducían los costos mensuales de los planes. Sin estas ayudas, el precio promedio de las primas aumentó significativamente, lo que ha llevado a muchas familias a optar por dejar de contar con seguros. Expertos en políticas de salud argumentan que este desplome es el indicador más claro de que el costo de la protección sanitaria se ha vuelto inaccesible para una gran parte de la población. Aunque el gobierno de Trump atribuye la reducción a una campaña contra la fraude, el HHS indicó que se cancelaron seguros para 250,000 personas sin su consentimiento, acción que no fue acompañada por evidencias suficientes para justificar el impacto general. Analistas sostienen que esta explicación sirve más como estrategia política que como base real para comprender el fenómeno.
Para los peruanos, esta situación resalta la importancia de contar con sistemas de salud accesibles y sostenibles. En el Perú, el costo de los seguros de salud sigue siendo un obstáculo para millones de ciudadanos, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Aunque el país cuenta con un sistema público, el acceso a servicios de calidad depende en gran medida del pago de primas, que en muchos casos no son cubiertos por el presupuesto familiar. La experiencia de EE.UU. sirve como advertencia: cuando las ayudas gubernamentales se reducen o terminan, el costo de las coberturas puede elevarse hasta niveles que muchas familias no pueden soportar. Esto impulsa la necesidad de políticas públicas que garanticen que los servicios de salud no sean un lujo, sino un derecho básico. En un contexto donde el crecimiento de la población y las necesidades de salud aumentan, cualquier cambio en el costo de las primas puede tener efectos profundos en el bienestar colectivo.