Según Gestión, el debate sobre el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) en Perú ha ganado intensidad en el contexto de las elecciones presidenciales. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, ha declarado que si gana el balotaje, implementará un incremento de la RMV de S/1,130 a S/1,500. Este anuncio ha sido incluido en su plan de gobierno, aunque de forma general, sin especificaciones técnicas ni cronológicas. La propuesta se presenta como parte de una estrategia más amplia de ajuste de la remuneración mínima, basada en las condiciones del mercado laboral. En contraste, Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, ha rechazado la iniciativa, señalando que cualquier aumento de la RMV debe ser evaluado desde una perspectiva equilibrada entre los trabajadores y las micro y pequeñas empresas. Su argumento subraya que tales decisiones dependen directamente del crecimiento económico y de la productividad de ambos sectores.
El equipo económico encargado de analizar la viabilidad del ajuste está liderado por Pedro Francke, exministro de Economía y Finanzas. En una reunión reciente, aseguró que el proyecto está en condiciones técnicas, económicas y presupuestarias para implementarse. Aunque el análisis se centra en la capacidad financiera del Estado, se omite una evaluación detallada de los impactos en el empleo, especialmente en zonas fuera de Lima. En este sentido, Rafael Zacnich, experto en estudios económicos de ComexPerú, destaca la necesidad de examinar el proceso de negociación que condujo al último ajuste de la RMV. Allí, el sector sindical había propuesto elevarla hasta S/1,800, pero tras negociaciones, el resultado final se fijó en S/1,300. Desde el sector empresarial, se han mantenido límites establecidos desde 2007, que limitan los aumentos por encima de ciertos umbrales.
Este escenario plantea una paradoja crítica para el Perú. Mientras que Lima registra un crecimiento acelerado en empleo, especialmente en puestos de baja calidad, el resto del país enfrenta niveles de desigualdad salarial y acceso al mercado laboral más limitados. La inversión en formación y condiciones laborales dignas no se traduce necesariamente en empleo sostenible, sino que puede generar dependencia de puestos temporales o de baja remuneración. Para el lector peruano, esto significa que una medida de política laboral, aunque bien intencionada, debe ser evaluada no solo por su viabilidad económica, sino por su capacidad para reducir las brechas regionales y por ofrecer alternativas reales a los trabajadores más vulnerables. El aumento de la RMV debe ir acompañado de políticas que fortalezcan el empleo de calidad, promuevan la inclusión regional y prevengan que los beneficios se concentren en ciertas zonas urbanas. Solo así podrá transformarse en una herramienta efectiva para la equidad y el crecimiento sostenido del país.