Según Gestión, el sector arrocero peruano enfrenta una profunda adversidad que afecta directamente a millones de familias que dependen de esta actividad para su sustento. El arroz constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria nacional, con el perú registrando uno de los mayores consumos per cápita de esta categoría en América Latina, que alcanza unos 65 kilogramos anuales por habitante. Más de 74 mil productores participan activamente en la producción, generando empleo para más de 1.5 millones de personas a través de toda la cadena de valor —desde la siembra hasta el abastecimiento final. A nivel nacional, se cultivan más de 450 mil hectáreas de arroz, movilizando miles de millones de soles en servicios como transporte, fertilizantes, maquinaria, molinos y distribución alimentaria.
A pesar del volumen de producción, los productores enfrentan presiones económicas crecientes. Los costos de fertilizantes, especialmente de urea, han aumentado significativamente, reduciendo drásticamente la rentabilidad de los agricultores. Además, los precios del combustible han influido en los costos logísticos, afectando la viabilidad de las operaciones agrícolas. Existen también preocupaciones sobre prácticas comerciales poco éticas, como la concertación de precios, el acaparamiento de mercancías y la falta de competencia justa, que podrían distorsionar el mercado y perjudicar a quienes producen.
Desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), se han presentado siete propuestas al gobierno central. Primero, se exige la creación inmediata de una Mesa de Diálogo Nacional Técnica y Productiva del Arroz. Este espacio debe incluir a productores, gobiernos regionales, MIDAGRI, MEF, APEMA y organismos reguladores, con el objetivo de diseñar soluciones equilibradas y sostenibles. Segundo, se propone un bono extraordinario para fertilizantes, destinado específicamente a productores arroceros. Tercero, se sugiere evaluar mecanismos de protección temporal, como precios de refugio, para mitigar el impacto del aumento de costos de combustible. Finalmente, se solicita una investigación urgente por parte de Indecopi, Sunat y el Ministerio Público sobre posibles prácticas de acaparamiento y concertación de precios.
Para los peruanos que viven en zonas rurales, este escenario evidencia el peso de los alimentos básicos en sus vidas cotidianas. El arroz no es solo un alimento; es un pilar de la economía rural y de la estabilidad social. Si los precios de insumos continúan subiendo sin respuestas regulatorias, el sistema agrario se vuelve vulnerable. El gobierno debe actuar con claridad y rapidez, porque cada decisión influye directamente en el bienestar de miles de familias que, día a día, dependen de la producción local para alimentarse.