Según Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó nuevos lineamientos para la elaboración de estudios técnicos en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este marco busca fortalecer la calidad de los estudios antes de la adjudicación, especialmente en un contexto donde Perú enfrenta profundas deficiencias en infraestructura. En los últimos años, el número de contratos bajo esta modalidad ha crecido sustancialmente, aunque los resultados reales aún no han alcanzado las metas establecidas. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) reveló que, a pesar de que ProInversión redujo su objetivo de adjudicación de proyectos de APP de 33 a 19, al cierre del primer semestre solo se lograron dos contratos.
Los proyectos aprobados en el primer semestre se distribuyeron entre el Grupo 1 del Plan de Transmisión 2025-2034 y la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. En términos económicos, la meta de inversión para 2026 pasó de US$ 8.430 millones a US$ 4.152 millones. Los dos casos aprobados representan un monto de US$ 656 millones, que corresponde al 16% del total asignado. De los 17 proyectos restantes, 14 están programados para el cuarto trimestre, según el calendario oficial de ProInversión. Sin embargo, el CPC advierte que, dada la lentitud en la ejecución, es probable que varios de ellos sean retrasados y pasen al año 2027.
En el segundo semestre, los proyectos pendientes incluyen las Obras de Cabecera para el abastecimiento de agua potable en Lima, el Grupo 2 del Plan de Transmisión y varios corredores viales. A pesar de que se ha solicitado información oficial sobre la proyección de este periodo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Tomás Reto, economista del CPC, destaca que aunque la Ley 32441 establece un marco conceptual sólido, la institución aún no ha logrado acelerar los plazos de evaluación. Para él, la ley no es suficiente sin un liderazgo efectivo y equipos técnicos bien estructurados.
Para el lector peruano, estos datos indican una realidad en la que la inversión en infraestructura, aunque en marcha, se mueve con lentitud y desalineación entre metas y ejecución. Las familias y comunidades que dependen de servicios básicos como agua, transporte y energía enfrentan un riesgo creciente de que los avances se diluyan por decisiones administrativas lentas. Aunque el potencial de APP es alto, su éxito depende no solo de normativas, sino de la capacidad de los organismos para transformar el proceso de evaluación en una herramienta rápida, transparente y centrada en resultados reales. El país necesita más no solo de planes, sino de ejecución con visibilidad y responsabilidad.