Segun Gestión, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está pasando por una reorganización estratégica impulsada por el Gobierno de Keiko Fujimori. Esta transformación busca corregir desajustes internos que afectan la eficiencia del proceso de certificación ambiental, un pilar clave en la toma de decisiones para proyectos de inversión. Durante un encuentro organizado por el Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uría (PPU), Juan Carlos Castro, jefe de la ANA, detalló que la entidad actualmente evalúa hasta 300 criterios por proyecto para emitir una opinión vinculante. A pesar de su peso institucional, el funcionamiento interno carece de un orden claro entre sus técnicos, lo que genera incertidumbre y retrasos en los procesos.
La ANA ha sido históricamente reconocida por su desempeño en el Senace, donde ha sido considerada la institución que más retrasos genera en los procesos ambientales. Este hecho resalta su influencia multisectorial, ya que sus decisiones impactan directamente en el avance de obras en minería, transporte, hidrocarburos y otros sectores. Castro, quien antes encabezó el Ministerio del Ambiente, señaló que la institución está diseñando nuevas guías técnicas sectoriales que se publicarán en los próximos meses. Una de ellas será específica para la minería, otra para el transporte, y otras para actividades de hidrocarburos. Estas directrices pretenden establecer un marco claro, eliminando la flexibilidad arbitraria que hasta ahora ha sido usada por los evaluadores.
Actualmente, en el caso de vertimientos en cuerpos receptores, la ANA ya aplica un checklist homologado, que ha permitido acelerar sus evaluaciones. Se han eliminado requisitos adicionales que anteriormente se agregaban de forma imprevisible, lo que garantiza que los procesos se realicen de forma más predecible y en tiempo reducido. El objetivo es que los técnicos no se desvíen de las guías establecidas, evitando que las opiniones ambientales tomen meses en su elaboración.
Para el lector peruano, este cambio representa una oportunidad clave. Muchos proyectos en sectores estratégicos —como minería o infraestructura vial— han sido postergados por la incertidumbre en los procesos ambientales. La reorganización de la ANA busca reducir esos tiempos, permitiendo que inversiones críticas avancen con mayor certeza. Si bien los criterios técnicos siguen siendo rigurosos, su estructuración ahora será transparente y predecible, lo que puede generar confianza en el sistema de evaluación ambiental. Esto es especialmente relevante en un contexto donde el desarrollo económico y la protección ambiental deben equilibrarse.