Según Gestión, dos exmandatarios latinoamericanos —Felipe Calderón de México y Álvaro Uribe de Colombia— han destacado en el McKinsey Forum Perú 2026 que la región cuenta con elementos clave para ser un eje estratégico en el nuevo orden global: recursos naturales, ubicación geográfica y una población en expansión. Sin embargo, el potencial de esos activos no se traduce automáticamente en crecimiento sostenido. Para atraer capitales internacionales, lo que realmente importa es ofrecer un marco jurídico estable, predecible y protegido, no solo disponer de productos o materias primas.
Calderón señala que Estados Unidos ha dejado atrás el modelo de cooperación basado en normas y está avanzando hacia una estrategia de influencia geográfica. En este escenario, América Latina se posiciona como zona clave de su interés. Este cambio implica que la dependencia comercial actual con China ya no es una ventaja segura, dado el creciente enfoque de EE.UU. en controlar relaciones comerciales. Por ello, se plantea una necesidad urgente de diversificar la cadena de suministros y equilibrar el comercio internacional, sin caer en alianzas que comprometan la autonomía nacional.
Uribe reafirma que el enfoque de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, ha incluido apoyos directos a países como Colombia y Ecuador para enfrentar la delincuencia organizada. Aunque estos esfuerzos buscan estabilidad regional, también indican una política de exclusión: Estados Unidos está restringiendo el acceso de potencias como China y Rusia a ciertos territorios, como Venezuela. Este panorama refleja una competencia directa entre bloques económicos, donde el espacio latinoamericano se convierte en un escenario de tensiones.
La inversión extranjera, en este contexto, no se mide solo por lo que se puede vender, sino por la capacidad de garantizar un sistema jurídico coherente y efectivo. Calderón identifica el fragmento del Estado de derecho como el mayor obstáculo para atraer capitales. Cuando las leyes no son aplicadas de manera uniforme o cuando los procesos de toma de decisiones son inciertos, los inversores pierden confianza. En el caso peruano, esta realidad se manifiesta en la variabilidad de políticas públicas, en el tiempo de ejecución de contratos y en la transparencia de los procesos de licitación.
Para los inversionistas peruanos, este panorama implica una necesidad urgente de fortalecer las instituciones jurídicas y garantizar que las decisiones gubernativas se tomen con claridad y previsibilidad. Un sistema de derecho que proteja los derechos de los negocios, sin distorsiones políticas, será clave para convertir el potencial de la región en crecimiento sostenido. El camino no es solo diversificar mercados, sino construir un entorno donde la seguridad legal sea el pilar fundamental de cualquier inversión.