Según Bloomberg Línea, 17 países de América Latina y el Caribe han presentado más de 110 iniciativas de transporte con valor superior a US$65.000 millones en un road show que se desarrolló en Miami. Estos proyectos, que abarcan carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte urbano, metros y trenes suburbanos, son considerados por los gobiernos como entre los más avanzados y podrían ser licitados en los próximos 18 meses. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lidera este esfuerzo, destacando que el objetivo no solo es atraer más capital privado, sino también mejorar cómo se realiza la inversión.
El reto principal que enfrentan los gobiernos no radica únicamente en encontrar socios financieros, sino en eliminar barreras en el proceso de autorizaciones, licitaciones y contrataciones que pueden desacelerar o bloquear la ejecución de estos planes. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, señaló durante una rueda de prensa en Miami que las empresas privadas priorizan la claridad regulatoria y la transparencia antes de comprometer sus recursos. Este escenario plantea que el entorno institucional debe adaptarse para facilitar la participación del sector privado sin aumentar el riesgo o la incertidumbre.
Los países involucrados en la presentación incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Cada uno de estos gobiernos busca integrar fondos privados en su estrategia de desarrollo, especialmente en infraestructura crítica. El volumen de inversión requerido para cerrar la brecha en infraestructura en la región alcanza el 3,5% del PIB anual hasta 2030, equivalente a más de US$1,6 billones. De este total, el sector de transporte representa más de US$630.000 millones, lo que subraya su peso en el desarrollo económico regional.
Para los peruanos, este panorama ofrece una visión clave: el crecimiento sostenido depende en gran medida de la eficiencia de las redes de transporte. Si bien el país ya cuenta con infraestructura significativa, la demanda creciente de movilidad, comercio y conectividad requiere inversiones más rápidas y coordinadas. El ejemplo de América Latina demuestra que los proyectos no solo necesitan financiamiento, sino también un marco institucional claro, ágil y confiable. Esto implica que los ciudadanos, como inversionistas potenciales o usuarios directos, deben estar informados y participar en el diseño de políticas que impacten sus vidas diarias. La capacidad de atraer capital privado, por tanto, no es solo una cuestión económica, sino también una oportunidad para construir sistemas más accesibles y resilientes.