Según Gestión, la ley de promoción del desarrollo de la Amazonía, desde su implementación, no ha logrado acelerar el avance regional, incluso alentando el desinterés de inversiones. A pesar de su propósito de impulsar el desarrollo económico, el escenario se ha visto obstaculizado por un conjunto de factores estructurales. Entre ellos, el sistema fiscal que rige la región ha generado un costo efectivo significativamente mayor para las empresas locales.
El mecanismo de exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para productos vendidos en la selva, diseñado inicialmente para proteger al consumidor, ha derivado en una limitación fiscal profunda. Las empresas no pueden aplicar el IGV pagado en adquisiciones como crédito fiscal, lo que implica que cada vez que adquieren insumos, servicios o maquinaria, deben asumir el costo completo de estos gastos. En contraste, en zonas costeras, las empresas pueden recuperar hasta un 11% del impuesto como crédito fiscal. En la Amazonía, sin esa posibilidad, los costos operativos se elevan hasta un 18% en la importación o en la compra de bienes. Este fenómeno se conoce como el "arancel de la selva", y representa una barrera clara que desincentiva la producción local.
El sector agroindustrial, en particular, ha sido profundamente afectado. Según Manlio A. Nicolini, gerente general de Palmagro, la eliminación del reintegro tributario y de la exoneración en importaciones ha dejado al sector sin mecanismos para recuperar costos. Como resultado, los productos agrícolas deben asumir un impuesto que no puede ser recuperado, lo que los convierte en una opción menos competitiva frente a productos importados o fabricados en regiones costeras.
Además de la carga fiscal, la infraestructura logística sigue siendo insuficiente. La distancia entre la Amazonía y los centros económicos del país, combinada con la falta de vías de transporte modernas, aumenta los costos de transporte y la volatilidad en los tiempos de entrega. Esto dificulta que las empresas de la región integren sus cadenas de suministro con el mercado nacional.
Para el lector peruano, este panorama evidencia que las oportunidades de desarrollo en la Amazonía no son solo cuestión de políticas ambientales, sino también de viabilidad económica. Los costos estructurales, especialmente en el ámbito tributario, crean un entorno en el que los productos locales no pueden competir en precios justos. Si bien el potencial agrícola y natural de la región es enorme, su explotación requiere reformas fiscales y una inversión en infraestructura que permitan reducir estas barreras. Sin ello, el crecimiento regional seguirá siendo lento y limitado, afectando directamente a los productores y a las comunidades que dependen de estos sectores.