Según Yahoo Finance, tras una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en marzo, se determinó que el poder de imponer tarifas pertenece al Congreso, no al Ejecutivo. Este fallo invalida decenas de tarifas anunciadas por el presidente Donald Trump durante su gestión, que habían sido impuestas bajo mecanismos de emergencia. La sentencia, firmada por el juez John Roberts, sostiene que los Fundadores no delegaron el derecho de imponer impuestos al poder ejecutivo. Como consecuencia, más de 900 acciones legales han sido presentadas ante tribunales nacionales, afectando a empresas como FedEx, Sony y numerosos sectores del comercio. En el caso de FedEx, se solicita una devolución completa de los aranceles pagados, mientras que Sony enfrenta una demanda por parte de dos consumidores que alegan haber recibido beneficios económicos por la aplicación de esas tarifas. Además, gobiernos estatales y pequeñas empresas han iniciado acciones contra el impuesto del 10 por ciento impuesto por el gobierno tras el fallo judicial.
Amazon se convierte en uno de los primeros actores del sector comercial en ser objeto de una demanda colectiva. El 5 de mayo, en Seattle, una firma legal, Hagens Berman, presentó una acción colectiva que alega que la empresa ha generado centenas de millones de dólares mediante el aumento de precios a sus clientes, al integrar tarifas ilegales en sus costos. El documento sostiene que Amazon, como operador de logística internacional, ha retenido y redistribuido los ingresos derivados de tarifas que, según la ley, no pueden ser recuperados por el consumidor. Esta práctica, si se confirma, implicaría que miles de usuarios han sido afectados directamente, ya que los precios de productos importados han aumentado sin justificación legal.
Para los peruanos, este escenario resalta la vulnerabilidad de los consumidores frente a políticas comerciales que no están sujetas a control legislativo. Aunque el caso se desarrolla en Estados Unidos, el impacto puede ser relevante en el mercado peruano, donde los productos importados representan una gran parte de la oferta. La experiencia de Amazon y otras empresas puede servir como advertencia sobre cómo los cambios en las regulaciones internacionales pueden traducirse en cargos directos a los consumidores. En un contexto de inflación, es clave que los ciudadanos estén informados sobre las fuentes de los aumentos en precios, especialmente cuando se trata de políticas que, como en este caso, fueron declaradas ilegales por el propio sistema jurídico. La vigilancia de los mecanismos de tarifas y el derecho al acceso a información transparente se convierten en herramientas esenciales para proteger el poder adquisitivo de las familias.