Según Gestión, el proceso de negociación colectiva para el año 2027 no logró un incremento generalizado en los salarios, aunque sí estableció aumentos diferenciados según el tipo de trabajador. Entre las medidas concretas, se destaca el aumento del Monto Único Consolidado (MUC) en S/ 117 para servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276, clasificados en categorías profesionales, técnicas y auxiliares. Este monto fue diseñado en 2019 como un mecanismo para integrar en una sola cifra diversas remuneraciones, como bonificaciones y incentivos. El nuevo MUC es remunerativo, posee carácter pensionable y está completamente afectado a las cargas sociales, además de servir como base para los beneficios laborales correspondientes. Con este ajuste, se establece que el ingreso mensual total de cada beneficiario no debe exceder los S/ 15,600.
Adicionalmente, se modifica el CAFAE, el incentivo único, que aumentará en S/ 105 a partir de enero de 2027. Este incremento se aplica a trabajadores del mismo régimen del Decreto Legislativo N° 276, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales. Aunque el CAFAE no tiene naturaleza remunerativa ni papel pensionable, sus niveles se fijan en S/ 1,535 para profesionales, S/ 1,475 para técnicos y S/ 1,455 para auxiliares. En este contexto, también se incluyeron los trabajadores del régimen del Decreto Legislativo N° 728, quienes recibirán un incremento mensual de S/ 125 en el gobierno nacional y regiones. Si dicha entidad ya implementó escalas salariales nuevas entre 2023 y 2026, el aumento se reducirá a S/ 60. Igualmente, se mantiene la limitación de que el ingreso mensual total no supere los S/ 15,600.
Para el sector público peruano, estas modificaciones reflejan una estrategia de ajuste salarial que busca equilibrar el crecimiento remunerativo con la sostenibilidad financiera. Los trabajadores que integran el sistema de servicios administrativos, como los CAS, podrían ver afectados sus condiciones laborales, dado que las nuevas escalas aún no han sido detalladas. En un contexto de inflación elevada y presión fiscal, el hecho de que el fisco no se fortalezca en este proceso puede generar inestabilidad en el pago de servicios públicos. Para los empleados del Estado, especialmente en sectores clave como salud, educación y administración, estas medidas representan una oportunidad de revisar sus ingresos, pero también una advertencia sobre la necesidad de fortalecer el sistema fiscal para garantizar el cumplimiento de compromisos laborales. El cumplimiento de los límites de ingreso no solo protege el equilibrio financiero, sino que también establece un marco claro para la planificación personal y familiar.