Según Gestión, un caso reciente de fiscalización por el Impuesto a la Renta (IR) de 2020 evidencia las dificultades para establecer el origen de fondos movidos por agentes bancarios. En ese proceso, Sunat detectó ingresos de más de S/ 8.4 millones en una cuenta de un agente, que argumentó que esos montos no eran su propio ingreso, sino parte de las operaciones ejecutadas como cajero corresponsal. Para respaldar su afirmación, el titular presentó contrato, cartas del banco, estados de cuenta y un archivo Excel que detallaba los movimientos. Sin embargo, el Tribunal Fiscal (TF) no validó esa conexión. Aunque confirmó que el individuo efectuaba labores como agente bancario, consideró que los documentos no vinculaban los S/ 8.4 millones a las transacciones realizadas para clientes. Los estados de cuenta solo reflejaban entradas y salidas, sin indicar el origen de cada operación. El archivo Excel, por su parte, solo repetía los mismos datos. Además, faltaron comprobantes clave como las liquidaciones diarias y los reportes de operaciones, que según el contrato deben existir para justificar cada transacción. La ausencia de esos documentos dejó sin prueba el vínculo entre los fondos y la actividad profesional. Como resultado, el TF declaró que los S/ 8.4 millones no se derivan de una actividad justificada y fueron clasificados como incremento patrimonial no acreditado. Esta decisión también mantuvo la multa impositiva correspondiente.
Para los contribuyentes peruanos, este caso es un recordatorio crítico sobre la necesidad de mantener una documentación rigurosa. Los agentes bancarios, aunque actúan bajo contrato, deben tener un sistema claro para registrar cada operación, especialmente cuando manejan dinero de terceros. Si no hay registros diarios, ni reportes oficiales, cualquier aporte a su cuenta puede ser visto como un ingreso sin fundamento. En un entorno donde la administración tributaria exige transparencia, el fallo subraya que no basta con tener un contrato: se requieren comprobantes operativos que conecten cada movimiento con su actividad real. Para quienes trabajan en roles intermedios como agentes o representantes financieros, esto implica una responsabilidad mayor: no solo gestionar el dinero, sino también asegurar que cada transacción esté respaldada por evidencia documental. La falta de estos elementos puede derivar en sanciones, además de afectar la credibilidad fiscal de la persona. En el contexto peruano, donde el sistema tributario busca equilibrar eficiencia y justicia, este tipo de casos reforzará la exigencia de prácticas transparentes y rigurosas en el manejo de fondos.