Según Gestión, el Congreso peruano ha reiterado la propuesta de un noveno retiro de fondos de las AFP, motivado por el impacto económico del Fenómeno de El Niño. Aunque el evento climático afecta principalmente al norte del país, donde se concentra una minoría de empleados formales afiliados a AFP, la mayoría de la fuerza laboral en el sistema previsional privado reside en regiones donde el efecto es indirecto o prácticamente inexistente. Esto genera una disparidad en la exposición real del impacto del fenómeno, sin que el beneficio de acceso a fondos se distribuya de forma equitativa.
El superintendente de la Superintendencia de Buenas Prácticas en Finanzas (SBS), Sergio Espinosa, ha expresado que no se considera viable una nueva liberación de fondos. Aunque las medidas de retiro aprobadas tras la pandemia fueron inicialmente presentadas como excepcionales, han perdido su legitimidad por haber generado una debilidad estructural en el sistema de ahorro. La ley 32123, aprobada en 2024, fue diseñada para fortalecer el ahorro previsional privado al eliminar las opciones de retiro. Sin embargo, un año después, una norma paralela del mismo Congreso revirtió esa restricción, permitiendo el octavo retiro que comenzó en noviembre de 2025 y finalizó en abril de este año, con un monto total de S/ 27,000 millones.
Este proceso de retrocesos legislativos no ha sido detenido, pese a que el nuevo Congreso bicameral ha presentado varias iniciativas que apuntan a abrir nuevamente la puerta a retiros extraordinarios. El hecho de que los afiliados que opten por retirar fondos pierdan el derecho a la pensión mínima institucional, evidencia una contradicción entre la protección del ahorro y el acceso a recursos en momentos de crisis. La repetición de estas medidas sugiere que el sistema no ha logrado establecer un marco claro ni sostenible para el uso de los fondos previsionales.
Para el lector peruano, este panorama representa una incertidumbre profunda en el manejo de sus ahorros. Muchos trabajadores, especialmente en zonas no afectadas directamente por El Niño, podrían verse expuestos a riesgos estructurales si se permiten más retiros sin una regulación sólida. Aunque el objetivo de ayudar a familias en situaciones de vulnerabilidad es válido, la repetición de medidas sin una base normativa clara puede debilitar el sistema a largo plazo. Es fundamental que las decisiones políticas consideren no solo la urgencia de la situación, sino también la estabilidad del ahorro previsional como pilar de la economía familiar. El equilibrio entre flexibilidad y protección debe ser redefinido para evitar que los retiros se conviertan en una herramienta de rescate puntual, más que en una estrategia de sostenibilidad financiera.