Segun Gestión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto que modifica el reglamento sobre la prestación de invalidez y sobrevivencia en el Sistema Privado de Pensiones. Este cambio está dirigido a los afiliados que, por invalidez o fallecimiento, podrían acceder a una pensión preliminar durante un periodo máximo de 72 meses. La medida se implementará antes de que se realice la próxima licitación del servicio, lo que implica una actualización clave en el manejo de casos pendientes de cobertura.
El marco legal actual otorga hasta 12 meses de pensión en situaciones generales, mientras que en casos en los que hay dudas sobre los aportes o la relación laboral que generó las contribuciones, el plazo se extiende hasta 72 meses. Este límite está basado en la duración promedio de los procesos judiciales en el país, que pueden alcanzar seis años. Jorge Espada, socio de Valoro Capital, explicó que la norma reconoce la lentitud de estos trámites y busca proteger al afiliado al evitar que se pierda el derecho a una prestación mientras se evalúan las aportaciones.
Alexander Gustavson, gerente de vida e inversión en BL Corredores de Seguros, resaltó que la nueva regulación busca mayor transparencia en el proceso de evaluación y que, en casos de controversia, el asegurado debe mantener su protección. No obstante, el beneficio no se extiende automáticamente a todos los casos. La SBS definió tres condiciones que determinan el final de la pensión preliminar, y se aplica la primera que se cumpla. Estas incluyen: un fallo judicial definitivo sobre la invalidez o la relación laboral, el cierre del proceso sin resolución, o la finalización de los plazos establecidos.
Este enfoque permite una respuesta más equilibrada, evitando que los afiliados queden expuestos a largos períodos de incertidumbre. Para el lector peruano, el cambio representa una herramienta clave para quienes trabajan en condiciones laborales ambiguas o en sectores donde la relación laboral puede no estar claramente documentada. Muchos afiliados en el sector informal o en empresas de baja formalidad podrían estar en situación de vulnerabilidad ante la pérdida de cobertura. Esta medida, al permitir una pensión intermedia durante hasta 72 meses, ofrece un mecanismo de estabilidad financiera mientras se resuelven dudas legales.
En un contexto donde más de 40% de los trabajadores en el Perú no tienen contrato formal, este ajuste podría ser una protección vital. No solo brinda seguridad temporal, sino que también fortalece la confianza en el sistema de pensiones, especialmente para quienes no pueden esperar largos procesos judiciales para obtener su derecho a una pensión.