Según Gestión Tu Dinero, el Grupo Diviso ha sido sometido a un proceso legal prolongado desde 2025, que involucra tanto a su sociedad administradora de fondos (Diviso SAF) como a su casa de bolsa (Diviso SAB). La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) ha declarado infundado el recurso de apelación presentado por Diviso SAF, cerrando así la vía administrativa. Esta decisión se da tras una sanción impuesta el 26 de enero, por la revocación de su autorización de funcionamiento. La entidad fue condenada por haber realizado una oferta pública sin cumplir con los requisitos legales: no se inscribieron los valores en el Registro Público de Mercado de Valores ni se registró el prospecto correspondiente.
La SMV señala que, aunque Diviso SAF argumenta que la oferta fue privada, en la práctica se dirigió a cientos de personas naturales, es decir, a ahorristas individuales. Este hecho, según el regulador, representa una infracción grave, ya que viola normas que exigen que las ofertas públicas estén dirigidas exclusivamente a instituciones financieras. La entidad, a pesar de tener control sobre el proceso, no adoptó medidas preventivas como revisar el perfil de los interesados, limitar la oferta a entidades o suspender el lanzamiento. La SMV concluye que el actuar de Diviso SAF fue negligente y que, al asumir riesgos sin supervisión adecuada, cometió una falta de diligencia.
Este caso no solo afecta al Grupo Diviso, sino que también plantea cuestiones sobre la transparencia y el acceso de los ciudadanos a instrumentos de inversión. En el contexto peruano, donde las AFP son una opción clave para la gestión de ahorros personales, este incidente pone en evidencia la necesidad de mayor control y claridad en los procesos de comercialización de fondos. Si bien las AFP están reguladas, el hecho de que una administradora pueda lanzar ofertas sin cumplir con protocolos básicos genera incertidumbre entre los ahorristas.
Para los peruanos que gestionan sus ahorros a través de AFP, este escenario indica que no todos los operadores financieros actúan con la misma responsabilidad. El caso de Diviso SAF debe servir como advertencia: la inversión no es solo una decisión económica, sino también una relación de confianza. Los ciudadanos deben estar informados sobre quiénes gestionan sus fondos, cómo se estructuran las ofertas y qué mecanismos de protección existen. Aunque el caso se resolvió en la vía administrativa, la posibilidad de que el juez revise la decisión abre una brecha que podría impactar la confianza en el sistema. En un país donde más de 50% de la población tiene ahorros en AFP, garantizar la integridad de estos procesos es fundamental para mantener la estabilidad financiera de los hogares.