Según Gestión Tu Dinero, el sistema de pensiones peruano está implementando un nuevo mecanismo de protección para afiliados que no alcanzan el nivel mínimo para recibir una pensión por edad. Este avance se enmarca en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, que incorpora un pilar semicontributivo para cubrir brechas en el aporte de los trabajadores. A través de un reglamento recientemente publicado por la Organización Nacional de Pensiones (ONP), se establece un proceso estructurado para acceder a la pensión mínima, con plazos precisos y definidos por etapas.
El procedimiento comienza en las Entidades Administradoras de Fondos (EAF) o AFP, que deberán revisar en cinco días hábiles el historial de aportes del afiliado y calcular las unidades de aporte (UdA) efectivas, basadas en meses laborados. Posteriormente, la ONP recibe el expediente en un plazo máximo de tres días hábiles. En este punto, se lleva a cabo una revisión documental inicial, con un día hábil para verificar la integridad de los datos. Si se detectan omisiones, el afiliado tendrá dos días hábiles para corregirlas. Una vez que el documento esté completo, la ONP dispone de treinta días hábiles para evaluar si el caso cumple con los requisitos para otorgar la pensión mínima. Finalmente, se notifica la resolución en un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud.
Este beneficio está diseñado para quienes, aunque han cumplido 20 años de aporte, no han acumulado el saldo necesario para alcanzar la pensión base de 600 soles mensuales. En ese escenario, el Estado asume la diferencia mediante el pilar semicontributivo, completando el aporte faltante. Además, se establecen dos pensiónes proporcionales: una de 400 soles para quienes han contribuido más de 15 años pero menos de 20, y otra de 300 soles para quienes han registrado entre 10 y 15 años de aporte.
Para los peruanos que aún no han afiliado a una AFP, este mecanismo ofrece una oportunidad de acceso a una pensión mínima sin necesidad de esperar años de aportes. Aunque el sistema se enmarca en una reforma estructural, su aplicación puede ser un paso clave para garantizar estabilidad financiera en la vejez, especialmente en contextos donde las economías familiares enfrentan presiones crecientes. La existencia de beneficios graduados por la duración de aportes permite que más personas, incluso con trayectorias laborales menos prolongadas, tengan una seguridad básica en su jubilación.