Según Gestión, una decisión del Tribunal Fiscal (TF) pone de manifiesto una brecha entre la percepción común de que una factura garantiza el derecho a importar productos y la realidad administrativa que exige evidencia tangible de ingreso legal al país. El caso se desarrolló tras una intervención de Aduanas en una mercancía destinada a ser transportada por encomienda desde Lima hacia La Libertad. La autoridad incautó los bienes por falta de documentación que acredite su entrada legal al territorio nacional. Posteriormente, se dispuso el comiso de parte de la carga, una medida que en términos prácticos implica la retención de los productos por el sistema aduanero.
La empresa que adquirió los productos argumentó que, aunque los bienes provienen de proveedores extranjeros, ya habían sido comercializados en el mercado nacional. Por ello, afirmó que ya habían pasado por los trámites previos de aduanas. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) verificó los comprobantes de pago y las operaciones comerciales registradas en el país, confirmando que existen transacciones legítimas. Sin embargo, el TF no encontró pruebas concretas que vinculen directamente los productos intervenidos con una importación formal registrada por el proveedor. En otras palabras, no se demostró que la mercancía hubiera ingresado legalmente al país bajo un trámite aduanero válido.
Este hallazgo llevó al tribunal a concluir que la presentación de una factura no es suficiente para garantizar el origen legal de una mercancía. La validez del ingreso debe respaldarse por registros oficiales de importación, no por comprobantes de pago o ventas internas. De ahí que, aunque cinco de los siete productos fueron devueltos, dos permanecieron bajo control aduanero por falta de conexión verificable con una operación importada registrada.
Para los operadores comerciales y consumidores peruanos, este caso es una advertencia clave: no basta con tener una factura de compra. La legitimidad de una mercancía importada depende de un proceso administrativo completo, que incluye registros oficiales de entrada al país. En un contexto donde el comercio internacional crece, este fallo subraya la necesidad de que las empresas verifiquen cuidadosamente la cadena de origen de sus productos. Además, fortalece la posición de las autoridades aduaneras al exigir pruebas reales, no solo documentación simbólica, lo cual puede evitar conflictos futuros y proteger el orden tributario nacional.