Según Bloomberg Línea, UBS ha señalado que el pacto petrolero entre Estados Unidos y Venezuela enfrenta importantes desafíos legales, políticos y financieros que ponen en riesgo su ejecución real. El equipo encabezado por Alejo Czerwonko, jefe de inversiones en mercados emergentes de UBS, ha destacado que el acuerdo aún carece de documentos oficiales que lo validen, como decretos, contratos o licencias emitidos por los gobiernos involucrados. A pesar de los anuncios oficiales, ninguno de los dos poderes ha publicado instrumentos jurídicos que respalden los términos del entendimiento.
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos obtendría control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Delcy Rodríguez, en su parte, indicó que el acuerdo abarcaría 17 campos estratégicos por un periodo de 25 años. Aunque el volumen de reservas es significativo, UBS califica el anuncio como “extraordinario y cargado de riesgos de ejecución”. Para el banco, el verdadero examen debe centrarse en si los elementos jurídicos, transparentes y sostenibles están presentes para que el acuerdo pueda transformarse en inversión efectiva y extracción real de petróleo.
Uno de los puntos críticos es la legitimidad de Delcy Rodríguez para representar a Venezuela en una asociación que abarca décadas. Como funcionaria interina, su autoridad jurídica es limitada, lo que genera incertidumbre sobre si el acuerdo puede ser vinculante para futuras administraciones. Además, el proceso de licitación no ha sido revelado, ni existen mecanismos claros de supervisión o cumplimiento. La Asamblea Nacional tampoco ha mostrado su aprobación, lo que desafía principios democráticos de transparencia y control.
El marco constitucional venezolano establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables. Artículos 12 y 302 de la Constitución reservan la gestión de la actividad petrolera al Estado. Esto plantea una contradicción si se permite una participación directa del gobierno estadounidense en la explotación. La intervención extranjera, incluso por medio de acuerdos, podría ser vista como una vulneración de la soberanía nacional.
Para los inversores peruanos, este escenario refleja una advertencia sobre la importancia de evaluar no solo el tamaño de los activos, sino también el entorno jurídico y político en el que se operan. Aunque el petróleo es un recurso clave para muchos países, su extracción depende de estructuras estables, transparentes y respaldadas por el derecho. En el caso de Venezuela, la ausencia de mecanismos claros y la fragilidad del marco institucional indican que cualquier acuerdo de inversión debe ser sometido a un análisis riguroso antes de asumir riesgos. El caso sirve como ejemplo de cómo los acuerdos de alto valor pueden ser ineficaces si no cuentan con una base jurídica sólida y un proceso democrático verificado.